El debate sobre las tierras públicas en Estados Unidos ha resurgido con propuestas para subastar millones de acres, aparentemente para aliviar la crisis inmobiliaria y reducir la deuda nacional. Si bien se presenta como una solución pragmática, esta medida (intentada más recientemente por los republicanos del Senado) es claramente defectuosa, tanto económica como ecológicamente. La venta de tierras federales no creará viviendas asequibles; en cambio, transferirá activos públicos a intereses privados, debilitando ecosistemas vitales que sustentan miles de millones de valor.
La ilusión del alivio fiscal
El impulso más reciente se produjo en junio pasado, cuando el senador Mike Lee, de Utah, propuso incluir una disposición en el “One Big Beautiful Bill” del presidente Trump para subastar millones de acres en todos los estados del oeste. Aunque finalmente fue eliminado de la legislación final, el esfuerzo subraya una tendencia recurrente: los intentos de desmantelar las protecciones de tierras públicas para obtener ganancias a corto plazo. La propia administración Trump tomó medidas para debilitar las protecciones en más de 175 millones de acres. Estas acciones ponen de relieve una presión sistémica para priorizar el beneficio privado sobre el beneficio público.
Realidad basada en datos: inadecuación para la vivienda
Un análisis de las ventas de terrenos propuestas revela que la gran mayoría no es apta para el desarrollo de viviendas asequibles. Más del 90 por ciento de las áreas objetivo son demasiado remotas o de demasiado alto riesgo para una construcción residencial viable. Un asombroso 81 por ciento de la superficie con bajo riesgo de incendio se encuentra en Alaska, mientras que las parcelas restantes están a horas de distancia de los centros urbanos. Esto significa que cualquier desarrollo sería inaccesible para las familias trabajadoras que más necesitan viviendas asequibles.
El costo ecológico: miles de millones en valor perdido
Más allá de las cuestiones logísticas, la privatización de tierras públicas conlleva un precio ecológico devastador. Las tierras previstas para la venta proporcionan aproximadamente 507.400 millones de dólares en servicios ecosistémicos al año, incluida la polinización (236.200 millones de dólares), la regulación del agua (31.400 millones de dólares) y la purificación del aire (29.500 millones de dólares). Estos beneficios no son meramente económicos; son esenciales para la supervivencia humana. La destrucción de estos ecosistemas socavaría la seguridad alimentaria, la calidad del agua y la salud pública.
Contexto histórico: la rebelión de la artemisa y más allá
El actual impulso para privatizar tierras públicas no es nuevo. La rebelión de Sagebrush de la década de 1970, respaldada por ganaderos e industrias extractivas, buscó un control similar sobre las tierras federales. Hoy en día, grupos como el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation están presionando por una desregulación agresiva, con el objetivo de hacer retroceder las protecciones ambientales y acelerar la extracción de recursos. Esto incluye debilitar la iniciativa 30 × 30, destripar los fondos de conservación y desmantelar la Ley de Antigüedades.
Los verdaderos beneficiarios: las corporaciones y los ricos
La justificación para vender terrenos públicos –resolver la crisis inmobiliaria– es una pretensión falsa. Las disposiciones propuestas carecen de requisitos de asequibilidad y no ofrecen garantía de que la tierra se utilizará para beneficio público. Más bien, probablemente enriquecería a las corporaciones y a los especuladores a expensas de las familias trabajadoras. Los recortes de impuestos asociados con tales ventas beneficiarían desproporcionadamente a los ultrarricos, exacerbando aún más la desigualdad.
Conclusión
La privatización de tierras públicas no es una solución a la crisis de la vivienda; es una transferencia de riqueza del interés público a los intereses privados. Las tierras propuestas son ecológicamente valiosas, logísticamente inadecuadas para viviendas asequibles y, en última instancia, profundizarían la desigualdad económica. La verdadera intención detrás de estas liquidaciones es la ganancia, no el servicio público. Proteger estas tierras no es sólo una cuestión ambiental; es una cuestión de justicia social y económica.
